13 de febrero de 2026
El Estado se atribuye el poder de decidir cuánto vale su hora. Ni siquiera es capaz de seguir la fórmula que él mismo inventó para hacerlo.
Por Redacción El Vecino
La premisa es discutible desde el inicio. Un burócrata en Bogotá decide cuánto debe ganar un mesero en Yopal, un tendero en Quibdó y un operario en Medellín. El mismo precio. Para economías que no se parecen en nada.
Pero incluso aceptando esa premisa, hay una ley. La 278 de 1996. Dice que el salario se fija con inflación, productividad y concertación. El gobierno ignoró las tres.
Inflación más productividad: 6,56%. Decreto: 23,78%. Sin empresarios en la mesa. Sin estudio técnico. Con un déficit fiscal de $50 billones. Un número redondo para una valla, no para una economía.
La inflación de enero subió a 5,4%. Venía bajando. Bloomberg proyecta que cierre 2026 arriba de 6%. El salario mínimo no se come. Se come lo que compra. Y cada mes compra menos.
El Consejo de Estado suspendió el decreto. 16 demandas acumuladas. Le dio 8 días al gobierno para cumplir su propia ley. El MinTrabajo respondió: "La mala noticia es para los trabajadores, no para el gobierno."
Para los trabajadores. Siempre para los trabajadores. El costo del populismo nunca lo paga el que firma el decreto.
Se arroga el poder de fijar el precio de su trabajo. No cumple las reglas que él mismo puso para hacerlo. Y cuando lo frenan, dice que el problema es suyo, no de él.
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