El gobierno declaró emergencia económica para acelerar medidas fiscales. No esperó al Congreso. No consultó gremios. Firmó decretos con fuerza de ley. La Corte Constitucional la tumbó: los hechos no configuraban una emergencia según el artículo 215. Decretó el salario mínimo sin concertación, sin la fórmula de la Ley 278, sin los empresarios en la mesa. El Consejo de Estado lo suspendió. Dos instrumentos jurídicos. Dos reversos judiciales. Un patrón: gobernar saltándose el procedimiento y después quejarse cuando el procedimiento responde. El concejal Papo Amin lo resumió: "Salario mínimo: populista. Decreto emergencia: inconstitucional. No hacen absolutamente nada de forma correcta." Cuando un gobierno necesita poderes extraordinarios para hacer lo ordinario, el problema no son los poderes. Es el gobierno. Las consecuencias no se revierten con la misma facilidad que los decretos. Los contribuyentes que pagaron bajo las reglas de la emergencia inexistente no saben qué pasa con su plata. Las empresas que ajustaron nóminas al 23,78% no saben si deben reajustar. La incertidumbre jurídica es el impuesto invisible que nadie decretó pero todos pagan.