Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior, se graduó sin asistir a clases. Sin presentar la Prueba Saber Pro. Sin el requisito mínimo que cualquier estudiante colombiano conoce. No fue la única. Las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao destaparon el caso: al menos 24 contratistas del gobierno de Petro tienen títulos irregulares de la Fundación Universitaria San José. Vinculados a 16 entidades del Estado. La Fiscalía imputó cargos penales contra Guerrero y contra el exsecretario de la universidad, Luis Carlos Gutiérrez. El 9 de febrero de 2026. Petro respondió. No contra la irregularidad. Contra las congresistas. Las acusó de usar "datos de 22 personas humildes" para "demostrar odio contra el gobierno". Defendió las carreras por ciclos. Habló de mujeres trabajadoras. No habló de los diplomas sin clases. No habló de los exámenes que nadie presentó. No habló de los contratos públicos firmados con títulos de papel. Eso es lo que pasa cuando el Estado es el empleador más grande del país. Los títulos dejan de ser prueba de conocimiento y se vuelven requisito burocrático. Un trámite más. Una casilla que llenar. Y cuando hay demanda de casillas, aparece oferta de diplomas. Un colombiano que juega limpio tarda 10 semestres. Paga ICETEX por 15 años. Madruga, trasnocha, llora parciales.